Sobre legitimidades jurídicas

Cuando era enana y discutía con mi hermano (unas 100 veces al día), solía utilizar la «vía legal» como último recurso de hermana pequeña: acudir a la autoridad jurídica (o sea, mi madre) para contarle las «ilegalidades» de mi hermano. Era mi única defensa ya que mi hermano se amparaba siempre en la mayoría absoluta (que la mayoría absoluta de las tortas me las llevaba yo, quiero decir).

Ante la posibilidad de ser «imputado» ante tan poderoso tribunal, mi hermano podía reaccionar de dos maneras:

A.- Contestar: «vale, ve y cuéntale». En ese caso yo, que era pequeña pero no tonta, deducía inmediatamente que parte de la culpa (o toda) debía ser mía y estaba mejor calladita. Mi hermano consideraba que podría defender su inocencia hasta el final y a mí me tocaría correr con las costas del «juicio».

B.- Deslegitimarme como acusación (al fin y al cabo, el chico iba para abogado): «eres una chivata». Esta vez, quedaba claro que mi hermano reconocía su culpa, pero yo no era quién para presentar la denuncia a no ser que quisiera convertirme en una acusica-Barrabás-en-el-infierno-te-verás, cosa que yo no quería ser por nada del mundo.

¿Y por qué cuento esta tontería? Porque la Consejería de Sanidad madrileña, en el asunto de la privatización, se está comportando exactamente igual que mi hermano: no dice «vale, id y contad, lo que he hecho no es ilegal y por tanto no tengo miedo a la justicia, al contrario, así podré defender mi inocencia», sino que se limita a intentar evitar un juicio acusando de chivatos a los que se pongan enfrente (que son muchos, por cierto).

Analicemos la cuestión desde el principio. ¿Quién está legitimado para recurrir irregularidades en un concurso público? Según el TSJM, sólo los directamente afectados. Entonces, ¿están legitimados el PSM o UPyD? Pues como partido político no sabría decirlo, aunque resulta penoso que todos los partidos de la oposición hayan tenido que acudir a los tribunales ante la estrategia de mayoría-absoluta-apisonadora que utiliza el Partido Popular en la Asamblea. Pero digo yo que cuando Tomás Gómez o Luis de Velasco tengan apendicitis podrían acudir a cualquiera de los seis Nuevos Hospitales en los que, oh sorpresa, a lo mejor el cirujano ya no está de presencia sino localizado. Así que, al menos individualmente, parece que sí se verían afectados. Y también como representantes de sus votantes.

¿Están legitimados los sindicatos? ¿No están directamente afectados los profesionales que se van a ver «trasladados a la fuerza», subrogados o eliminados de la plantilla, o los que van a ver modificadas sus condiciones laborales? ¿Los que eligieron su plaza sin saber nada, incluso el mismo día en que se anunciaría la privatización? ¿No deben denunciarlo, por tanto, sus representantes?

¿Y AFEM? ¿Está legitimado AFEM? No sólo porque tiene la categoría jurídica (o como se llame) de sindicato y también representa a los profesionales afectados, sino por su filosofía, su «Somos médicos, somos pacientes». ¿No están directamente afectados los pacientes que pierden a su médico de siempre, que verán alterado su flujo habitual de traslado interhospitalario, que pueden ver mermada la calidad de la asistencia, que tendrán que ir al hospital cuando cierren su Centro de Salud Mental?

¿No estamos afectados todos los contribuyentes que denunciamos que vamos a pagar cápitas más altas de lo debido, según defiende AFEM?

Pues no, la Consejería sugiere que sólo estarían legitimados los participantes en el concurso. ¿Qué esperan, que además de regalarles el 90% de la fianza y repartir por adelantado el concurso, se quejen? Juraría que las empresas no son «afectados» sino «agraciados» con esta simulación en diferido de concurso público. Si lo público existe en servicio de todos, ¿no somos todos directamente afectados? Si la sanidad es universal (o eso dicen), ¿no estamos todos  afectados directamente por un cambio de modelo tan polémico (y tan chapucero, dicho sea de paso)?

Querido hermano abogado: ¿crees que si digo que yo quería presentarme al concurso y «comprar» un hospital, que por supuesto no podía pagar el aval inicial y por eso renuncié, pero que si lo hubieran reducido desde el principio me habría presentado, me considerarán legitimada? ¿Y si, en vez de denunciarlo yo, lo hace en mi nombre la asociación profesional a la que pertenezco y que defiende mis derechos? Ah, no, calla, que eso ya lo ha hecho…

Por cierto, ya que hablamos de legitimidades, ¿está legitimado a tomar decisiones tan serias y amparadas en la mayoría absoluta un partido político que no incluyó nada de esto en su programa electoral? ¿Y un presidente al que nadie votó?

Perdonad el tono de guasa. Es eso, o acabar con el stock de Primperan de mi hospital.